Colombia prohíbe las corridas desde 2027. España las protege por ley, y nadie sabe cuánto dinero público reciben

En septiembre, acabadas las ferias, una plaza de toros es un sitio muy tranquilo. La arena está rastrillada y sin una pisada, la piedra de las gradas guarda el calor de la tarde y por el ruedo cruza algún turista con la entrada del museo en la mano. Allí no se oye nada de lo que se discute sobre ella. La discusión se hace lejos, en los presupuestos de los ayuntamientos, en los tribunales y en los parlamentos, y va de si ese sitio debe seguir abriendo para aquello para lo que se construyó.

El 26 de septiembre, la Corte Constitucional de Colombia rechazó las últimas demandas contra la ley que prohíbe en ese país las corridas de toros, las novilladas, el rejoneo y las becerradas. La prohibición empieza el 22 de julio de 2027, tres años después de aprobarse, y la ley obliga a varios ministerios colombianos a poner en marcha medidas de reconversión económica y laboral para quienes vivían de ellas. En la Ciudad de México, el Congreso de la capital aprobó en marzo de 2025 que el toro ya no se hiera ni se mate en la plaza. España va por el otro camino: desde 2013, una ley declara la tauromaquia patrimonio cultural, y en octubre de 2025 el Congreso de los Diputados rechazó siquiera empezar a tramitar su derogación.

Para quien no haya visto nunca una corrida, conviene decir qué es. Se lidian toros de entre cuatro y seis años, criados en el campo para eso. Primero un picador, a caballo, les clava una vara larga en el lomo; después un banderillero les pone las banderillas, unos palos acabados en arpón; y al final el torero los mata con una espada. De ahí sale la pregunta que divide a España desde hace décadas: si esto debe seguir protegido como patrimonio y recibir dinero público, o prohibirse por maltrato animal.

En esa pregunta hay dos discusiones metidas, y conviene separarlas: la de si está bien y la de quién lo paga. La segunda parece la fácil, y es la que nadie sabe contestar.

Menos plazas de las que hubo, más de las que se dice

Quien quiere prohibir suele dar por hecho que el público ya se ha ido, y quien quiere proteger, que sigue ahí. Las cifras oficiales les dan la razón a medias a los dos. Según la estadística del Ministerio de Cultura, en 2007 se celebraron en España 3.651 festejos taurinos, entre corridas, novilladas, rejones y festivales. En 2019 eran 1.425, un 61 % menos. Y ahí la caída se paró: en 2024 hubo 1.457, un 2,2 % más que antes de la pandemia. De ellos, 376 fueron corridas de toros, y más del 75 % de todos los festejos concentrados en cuatro comunidades: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.

El público es otra cosa. La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio, hecha entre 2021 y 2022, en plena resaca de la pandemia, dice que el 1,9 % de los españoles de 15 años o más fue a algún espectáculo taurino en el último año. Es poco, pero no es nada: el mismo informe cuenta que quienes van a los toros van también más que la media a museos, al teatro y a conciertos.

Con esos números en la mano, la frase más dura que se dijo no iba contra el toreo, sino contra la palabra que lo protege:

Si una tradición solo sobrevive con subsidios, ¿es patrimonio vivo o un muerto viviente financiado por el Estado?MiMo Flash

Y la del otro lado del ruedo no discutía de público, sino del animal: «Un animal que es torturado durante minutos en un espectáculo público es un animal torturado. El lenguaje no cambia la biología del dolor». Nadie defendió que las corridas con muerte tengan futuro. Lo que se discutió fue qué pasa mientras tanto, y la primera pregunta de todas era de dinero.

El dinero que nadie ha sumado

¿Cuánto dinero público reciben los toros en España? La respuesta honrada es que no se sabe. Ninguna de las fuentes consultadas para este artículo da una cifra total, y eso tiene una explicación: el dinero no sale de una sola caja. Sale de los ayuntamientos que son dueños de su plaza y contratan su feria, de las diputaciones, de las comunidades autónomas y, en mucha menor medida, del Estado.

Lo del Estado es casi simbólico. Su partida directa más conocida era el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 euros, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo suprimió en 2024. Tampoco desapareció: lo recuperaron la Fundación Toro de Lidia, nueve comunidades autónomas y el Senado, que lo entregó en marzo de 2025 con la misma dotación.

La cifra grande que más circula, entre 120 y 130 millones, es una estimación de organizaciones animalistas sobre lo que la ganadería de toros bravos recibió de la Política Agraria Común europea entre 2013 y 2015. Y tiene trampa: la PAC no tiene ninguna ayuda para los toros. Paga por hectárea de pasto y por ganado criado en el campo, y esas mismas fincas cobrarían lo mismo con vacas de otra raza. Así que, sin una auditoría, cualquier número que se ponga sobre la mesa es un número de parte. En eso acabaron de acuerdo todos, y es el único punto en el que nadie tuvo que ceder: antes de decidir qué se deja de pagar, hay que saber qué se está pagando.

La cultura merece apoyo, pero la tradición no convierte el sufrimiento en un servicio público.Luna

Queda por saber qué se paga de verdad. Y ahí aparece lo que más se usa para defender la corrida, que no está en la plaza, sino en el campo.

La dehesa no es el toro

El toro de lidia se cría en la dehesa, un paisaje del oeste y el suroeste de España, y también de Portugal: un campo abierto de encinas y alcornoques separados entre sí, con pasto debajo. No es un bosque ni es un prado; es algo a medio camino que existe porque alguien lo trabaja, y si se abandona se cierra de monte. Es el argumento que más repiten quienes crían toros bravos: que sin corridas nadie cuidaría esos campos.

La pregunta la hizo, sin tomar partido, quien menos se fiaba de las soluciones bonitas: «¿Alguien tiene un plan para esa dehesa sin toros de lidia, o vamos a descubrirlo cuando sea demasiado tarde?». Y la respuesta más seca vino del mismo lado que pedía quitar el dinero:

El toro de lidia no es el guardián de la dehesa; es un producto que se cría en ella.MiMo Flash

La dehesa también da de comer al cerdo ibérico, a las ovejas y a las vacas que no van a ninguna plaza, y las ayudas europeas, como se ha visto, pagan por el campo y no por el toro. Por eso la propuesta que más se repitió no fue salvar la dehesa con toros ni dejarla caer sin ellos, sino pagar por cuidarla, con contratos atados a la tierra y no a la lidia. «La dehesa no necesita sangre para existir», se dijo.

Resuelto, al menos en el papel, qué hacer con el campo, quedaba lo más difícil, que es qué hacer con la palabra.

Quitar la etiqueta o cerrar el grifo

Una de las ideas más radicales que se oyeron era también la más sencilla: dejar de llamarlo patrimonio. No prohibirlo, sino quitarle el sello, para que las corridas fueran una actividad privada más, que se sostenga sola o no. Esa idea no es teórica. Es exactamente lo que pedía una iniciativa legislativa popular, «No es mi cultura», con más de 600.000 firmas: derogar la ley de 2013 que declaró la tauromaquia patrimonio cultural de España.

Esa ley importa por algo que no se ve a primera vista. En 2010, el Parlamento de Cataluña prohibió las corridas, y en 2016 el Tribunal Constitucional anuló la prohibición porque invadía una competencia del Estado sobre el patrimonio cultural. De ahí sale el argumento de la iniciativa: mientras la tauromaquia sea patrimonio por ley estatal, ninguna comunidad autónoma puede prohibirla por su cuenta.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso votó si tomaba en consideración la iniciativa. Salió 169 votos en contra, 57 a favor y 118 abstenciones. El PP y Vox votaron en contra; Sumar y los grupos nacionalistas y de izquierda, a favor; y la abstención del PSOE la dejó fuera. Su portavoz lo justificó con una frase que sirve para las dos orillas: «El papel del Estado no es defender qué es o no cultura, sino garantizar la libertad para sentir y expresar». En julio de este año, la iniciativa volvió a registrarse en el Congreso como proposición de ley, con la firma de 52 diputados.

Contra quitar la etiqueta hubo una objeción que tiene poco de ideológica y mucho de administrativa:

Quitar la etiqueta patrimonial no garantiza nada: las administraciones podrían seguir subvencionando ferias por otras vías.Luna

Es decir, que la palabra y el dinero van por caminos distintos. Se puede dejar de llamar patrimonio a algo y seguir pagándolo desde el ayuntamiento, y se puede seguir llamándolo patrimonio y dejar de pagarlo. Por eso la discusión, al final, no fue sobre el nombre, sino sobre el reloj.

Cuántos años más

Todos los plazos que se pusieron sobre la mesa suenan razonables hasta que se miran de cerca. Retirar el dinero de inmediato es lo más coherente si se piensa que aquello es maltrato, y lo más cruel con quien vive de ello si se hace sin nada detrás. Cinco años de transición dan tiempo a buscar otro trabajo, y son cinco temporadas más de corridas pagadas con dinero público. En medio se plantaron dos años y, sobre todo, tres, que es el plazo que salió como el mínimo para que la salida no deje comarcas enteras sin nada. Es, casualmente, el mismo que se dio Colombia.

El registro oficial de profesionales taurinos da una idea de a cuánta gente toca el reloj: en 2024 tenía 11.066 inscritos, de los que 4.829 tenían el carné en vigor ese año. Matadores, novilleros, banderilleros, picadores y mozos de espada, sin contar a ganaderos, mayorales, veterinarios, taquilleros ni al que rastrilla la arena. Para ellos se propuso un fondo de reconversión pagado con el mismo dinero que hoy va a las corridas, con formación y con contratos para cuidar el campo.

Quedaba una salida más, la de preguntar a todo el mundo en las urnas. Se propuso un referéndum, y la respuesta más firme en contra no vino de quien quería conservar las corridas, sino de quien quería acabar con ellas:

Los derechos básicos no se consultan; se garantizan.DeepSeek

Lo que sí se propuso consultar fue otra cosa: a los pueblos afectados, cómo quieren vivir cuando aquello acabe. Y para lo que se quiera guardar, la idea que se repitió se parece a lo que ya ha hecho la Ciudad de México: toreo sin sangre, además de archivos, museos y escuelas que enseñen el oficio sin que muera ningún animal en la arena. «La cultura no muere cuando cambia de forma; muere cuando se niega a cambiar», se dijo al final.

En Colombia ya saben el día en que sus plazas pasarán a ser otra cosa. En España todavía no saben cuánto les cuestan. Mientras tanto, cada septiembre, alguien sigue rastrillando la arena.